A través del Decreto Nº 698/26, de fecha 20 de Marzo, se promulga la Ordenanza Nº 046/2026, para la creación en General Alvarado del Registro de Infractores de Convivencia Ciudadana, una nueva herramienta municipal para ordenar, prevenir y sancionar conductas que afectan la seguridad y la convivencia en el distrito.
Allí se registrarán quienes cometan faltas como escapes libres, maniobras peligrosas, picadas, ruidos molestos, arrojo de residuos, animales sueltos e infracciones por alcoholemia.
Además de las multas previstas, quienes sean incorporados al registro tendrán importantes restricciones administrativas, como la imposibilidad de acceder a habilitaciones, subsidios, licitaciones, planes de pago, uso del espacio público, beneficios municipales, ferias, transporte municipal y otras gestiones. Estas medidas se mantendrán hasta cumplir trabajos comunitarios o, en su defecto, por un plazo de 36 meses.
Tanto en la Provincia de Buenos Aires como en la Nación existen experiencias similares ya implementadas, donde existen registros de contraventores utilizados para el control de reincidencias y la gestión administrativa; en este sentido, esta iniciativa de General Alvarado avanza un paso más al consolidar una herramienta integral de ordenamiento de la convivencia ciudadana.
A diferencia de otros antecedentes —generalmente limitados al registro de infracciones o con alcances parciales—, esta propuesta incorpora un enfoque más amplio al contemplar diversas conductas que afectan la vida comunitaria y establecer, además de las sanciones económicas, un sistema de restricciones administrativas concretas.
De este modo, se busca no solo sancionar, sino también promover la responsabilidad social, vinculando el levantamiento de dichas restricciones al cumplimiento de trabajos comunitarios o al transcurso de un plazo determinado, fortaleciendo así el compromiso ciudadano con el respeto de las normas y el cuidado del espacio público.
Allí se registrarán quienes cometan faltas como escapes libres, maniobras peligrosas, picadas, ruidos molestos, arrojo de residuos, animales sueltos e infracciones por alcoholemia.
Además de las multas previstas, quienes sean incorporados al registro tendrán importantes restricciones administrativas, como la imposibilidad de acceder a habilitaciones, subsidios, licitaciones, planes de pago, uso del espacio público, beneficios municipales, ferias, transporte municipal y otras gestiones. Estas medidas se mantendrán hasta cumplir trabajos comunitarios o, en su defecto, por un plazo de 36 meses.
Tanto en la Provincia de Buenos Aires como en la Nación existen experiencias similares ya implementadas, donde existen registros de contraventores utilizados para el control de reincidencias y la gestión administrativa; en este sentido, esta iniciativa de General Alvarado avanza un paso más al consolidar una herramienta integral de ordenamiento de la convivencia ciudadana.
A diferencia de otros antecedentes —generalmente limitados al registro de infracciones o con alcances parciales—, esta propuesta incorpora un enfoque más amplio al contemplar diversas conductas que afectan la vida comunitaria y establecer, además de las sanciones económicas, un sistema de restricciones administrativas concretas.
De este modo, se busca no solo sancionar, sino también promover la responsabilidad social, vinculando el levantamiento de dichas restricciones al cumplimiento de trabajos comunitarios o al transcurso de un plazo determinado, fortaleciendo así el compromiso ciudadano con el respeto de las normas y el cuidado del espacio público.